Próvolo: suspendieron y le quitaron los subsidios al Instituto
Una resolución del gobierno escolar ordenó la suspensión del servicio educativo mientras dure la investigación judicial por los abusos sexuales cometidos en el lugar.
Una resolución del gobierno escolar ordenó la suspensión del servicio educativo mientras dure la investigación judicial por los abusos sexuales cometidos en el lugar.
La Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos Xumek, junto a la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, presentaron un amicus curiae ante la Unidad Fiscal Departamental N.° 5 de Maipú-Luján para incorporar en este caso las normas internacionales sobre el tratamiento de menores en tanto que víctimas o testigos de delitos.
El FIT solicitó que autoridades de ese organismo se presenten en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados para detallar cómo se controlaba al Instituto Próvolo de Luján.
Gabriela Guzmán, profesora de la Tecnicatura en Interpretación de Lenguas de Señas de la Facultad de Educación de la UNCUYO, aseguró que el equipo que acompaña y traduce a las personas abusadas en el instituto lujanino tiene basta experiencia en el terreno judicial, y que los peritos muchas veces trabajan de a dos para corroborar los dichos de la persona sorda y que no queden dudas de su testimonio.
Cornejo calificó de esta manera los hechos porque los responsables cumplían una función educativa pero también de asistencia espiritual. También confirmó que la DGE iniciará un sumario administrativo para quienes debían supervisar la tarea pedagógica.
Daniela García, la diputada a la que acudió una víctima de los abusos en el Instituto Próvolo, comentó sobre el proceder de los distintos organismos públicos. Por su parte, Liiliana Rodríguez, psicóloga especializada en abuso de poder, reflexionó sobre la gravedad de los daños sufridos por estos niños y niñas hipoacúsicos.
Así opina Carlos González, defensor de las personas con discapacidad. Después de las denuncias sobre los hechos ocurridos en el Instituto, comienzan las declaraciones de víctimas y testigos para esclarecer lo sucedido.
Lo afirmó el abogado Carlos Lombardi, especialista en Derecho Canónico. Además explicó las responsabilidades de todas las instancias que debieron advertir el horror que ocurría en el Instituto Próvolo.
Eso se pregunta la senadora Mariana Caroglio (UCR), quien pidió explicaciones al Arzobispado de Mendoza por lo sucedido en el Instituto Próvolo, de Luján de Cuyo, donde dos curas y tres de sus asistentes abusaron de niños hipoacúsicos.
Tras la denuncia de abusos a niños y niñas hipoacúsicas en el Instituto Próvolo, dialogamos con el abogado, especialista en derecho canónico, Carlos Lombardi, quien también es parte de la Red de Víctimas de Abuso Eclesiástico.
Los abogados de la organización Xumek expondrán detalles ante el Comité Contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño.
Viajarán el 17 de febrero junto a los abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas. Acusarán al Vaticano de haber encubierto los abusos y de haber obstaculizado la entrega de información a la Justicia.
A pesar de las denuncias que investiga la Justicia en la ciudad bonaerense, el sacerdote negó los hechos. "Es un horror lo que ha ocurrido", dijo sobre el caso en Mendoza.
Hoy habrá una concentración a las 19 en la Plaza Independencia.
Lo resolverá el miércoles 6 de junio uno de los integrantes del Juzgado Penal Colegiado. El defensor de Gómez pidió la nulidad de la elevación a juicio y cuestionó las imputaciones que pesan sobre el exempleado.
La Asociación Xumek, uno de los querellantes, solicitó que se acumulen los expedientes y se debatan en un solo juicio oral.
Su defensor, Víctor Banco, confirmó que el exempleado viajó a una provincia norteña. Vive con los únicos parientes con los que mantuvo contacto desde su niñez.
Será el jueves 19 de abril a partir de las 19.00. Se concentrarán en San Martín y Peatonal, de Ciudad.
Pese a que la Justicia decidió archivar la denuncia contra los profesionales que intervienen como traductores de las víctimas, Carlos Varela Álvarez, abogado de Asunción Martínez y Kosaka Kumiko, alegó que no les han permitido que se desempeñen otros intérpretes. También dijo que los rastrillajes realizados por Gendarmería fueron un "fracaso" y apuntó contra el Poder Judicial y "algunos medios de comunicación".
Paola González es madre de una de las víctimas de abuso sexual en ese lugar y se manifestó en contra del pedido del enviado del Papa Francisco para que vuelvan a habilitar el predio como establecimiento educativo.